Vecinos denunciaron la ausencia de tratamiento de lodos en la principal planta potabilizadora del país
Según informa Búsqueda, la denuncia fue realizada por autoridades de Aguas Corrientes, la localidad en que se encuentra la principal planta de potabilizadora del país.
La resolución del INDDHH establece además la necesidad de reunirse con la Dirección Nacional de Medio Ambiente y los habitantes de esta localidad canaria en el plazo de 10 días a efectos de brindarles la información disponible.
Además pidió al Ministerio de Vivienda, ordenamiento Territorial y Medio Ambiente que fortalezca su rol de monitoreo y coordinación.
Según el organismo no hay una gestión sustentable” de los recursos hídricos por parte de OSE.
La población venía advirtiendo desde hace tiempo que el vertido del lodo residual sobre el río Santa Lucía estaba alterando el cauce del curso de agua y el monte nativo de la zona.
La queja presentada ante el INDDHH fue respondida el 2 de octubre y allí se concluye que hay “mérito suficiente para considerar que la descarga directa de los lodos residuales del proceso de potabilización del agua produce impactos adversos sobre los derechos humanos, dada la inadecuada gestión de residuos por parte de OSE”.
Según el informe, se produjo una “alteración de las condiciones hidromorfológicas del cauce del río Santa Lucía, lo que generó impactos sobre los ecosistemas y limitó los usos del río.
La zona afectada se encuentra dentro del área protegida de los Humedales del Santa Lucía.
Los habitantes de Aguas Corrientes denunciaron que el nivel de coliformes ha estado por encima de lo permitido . Nunca se llevaron a cabo acciones previstas para proteger la calidad del río.
OSE respondió que hace un seguimiento “permanente y riguroso”- Sin embargo, el proyecto de tratamiento de lodos es muy caro y por eso ha venido siendo pospuesto por los últimos gobiernos.
El plan de acción para el tratamiento de residuos había sido aplazado hasta 2020, dijeron las autoridades de OSE a INDDHH. Los motivos fueron de tipo presupuestal y en la decisión participaron Dinama y el ministerio.
En 2015, el gobierno había anunciado fuertes medidas de protección del Santa Lucía al revelarse los problemas medioambientales provocados por los agroquímicos en la zona, a raíz de las producción agropecuarias.
