La búsqueda de la verdad suele dejar atrás las tinieblas de lo oscuro y abandonar el antro de los negocios mal habidos. Al final de ese recorrido, se ordena el caos y sale a escena la certeza de lo realmente ocurrido.
La Suprema Corte de Justicia ha dado con la verdadera historia de la deuda que la Intendencia salteña, de este lustro ordenador de la crisis económica profunda debe pagar el organismo nacional de AFE. La trama encontró el desenlace. En el final, traspasó el umbral hacia la luz.
Nada sorprende al gobierno actual de Salto, tratándose de los desaguisados financieros de la tristemente histórica administración anterior. Descarrilamientos de los que, inevitablemente, debe hacerse cargo. Hoy, en este tiempo.
El Dr. Libardi, responsable primero de la Unidad Jurídica de la comuna, dio cuenta hace algunos días del monto exacto y final que la Intendencia de Salto debe de cobrarle a AFE por deuda en el pago de la contribución inmobiliaria.
El fallo de nuestro principal tribunal de justicia (SCJ) oficializó la cantidad de 13 millones de pesos, cifra que deberá de abonar la Administración de Ferrocarriles del Estado a la actual administración, esto es un monto absolutamente menor al escalofriante de 600 millones con los que había que acostumbrarse a convivir.
Ahora bien, ¿si el monto total y definitivo oscila en esos 13 millones de pesos, por qué razón la administración anterior demandó al Estado por 587 millones más?
Cada cual podrá agudizar su cerebro e intentar una punta de hipótesis; otros buscarán en razonamientos matemáticos arribar a una explicación lógica; pero lo que no está en discusión es que jamás lo sabremos.
Podemos suponer, que la mayor, la descomunal e inigualable crisis económica y financiera que haya padecido el Departamento de Salto; estaba al borde del abismo y que era crucial obtener dinerillos para seguir con una vida de simulacro.
O quizá fuera para intentar tapar huecos que de ninguna manera disimularían la debacle que, en forma de derrumbe paulatino, fue apoderándose de la economía de Salto enviándolo al CTI financiero.
El actual equipo de gobernanza departamental arrancó el 2018 pagando la primera de quince cuotas iguales y consecutivas de 150 millones de pesos con destino a Afisa S.A. que hasta el 2032; mantendrán en vilo al actual jefe comunal y a los tres que le sucedan.
Ese es el corolario del deliro económico 2010 a 2015. Será menester entonces dejar trabajar, al equipo del departamento de Hacienda de la comuna, en pos de una negociación con el gobierno nacional y, concretamente con AFE, a efectos de elaborar fórmulas de salida que convengan a ambas partes. Sabido es que el jefe comunal y su equipo, se han interesado en tres inmuebles propiedad de AFE; respecto de los cuales existen proyectos en beneficio de la sociedad y de una superación para la calidad de vida colectiva.
Puesto que hemos escuchado en los últimos tiempos todo tipo de sugerencias de cómo debería de cobrarse la deuda y que hacerlo es actuar responsablemente. Lo curioso de ello, es que algunas voces que se elevaron en tal sentido; antes formaron parte del timonel hacia el descalabro financiero.
Salto no olvida. Hay un antes y un después del 10 de mayo de 2015. La actual administración acumulará, al final de su mandato, 62 meses de gestión; superando el lustro constitucional de 60. Tuvo que empezar antes, buscando oxígeno para una realidad lacerante. Nos iba la vida. Eso, tampoco lo olvidamos.
